El Ministerio de Educación (Minedu) anunció que retomará la actualización de la política sectorial de Educación Intercultural (EI) y Educación Intercultural Bilingüe (EIB), en calidad de garante y defensor del derecho constitucional que asegura una educación de calidad para los estudiantes del país.
Ante las demandas públicas de algunas organizaciones defensoras y vigilantes de la Educación Intercultural Bilingüe (EIB) en el Perú, el Minedu, mediante un comunicado, informó que realiza esfuerzos en defensa de la lengua y la cultura, respetando las convenciones internacionales, como el Convenio 169 de la OIT y las leyes que demandan atención a los pueblos originarios o indígenas, y afrodescendientes.
Asimismo, indicó que, en este marco, despliega esfuerzos para asegurar que las instituciones educativas presten el mejor servicio de calidad, con currículos, docentes y materiales pertinentes con enfoque territorial acordes con su realidad en el marco de una política de descentralización educativa que emprende la gestión actual.
El Minedu recalcó que entre sus prioridades está la defensa de los derechos culturales y lingüísticos de los pueblos originarios, y que a pesar de las brechas de inequidad de aprendizajes y atención con docentes que dominen la lengua y cultura de estos pueblos, avanza en la implementación de las políticas de formación y desarrollo docente en ejercicio a través de programas y convenios.
En este contexto, ratificó que mantiene vigente el Registro Nacional de Docentes Bilingües del Perú y el Registro Nacional de Instituciones Educativas que brindan el servicio de Educación Intercultural Bilingüe, que se actualizan de acuerdo con los procedimientos establecidos en la RM Nº 646-2018-MINEDU y únicamente a solicitud de los directores de escuelas, centros de educación técnico-productiva y Pronoei.
Finalmente, hizo un llamado a las organizaciones indígenas, la sociedad civil, la academia y las instituciones vinculadas a implementar la EIB a mantener la vigilancia, el diálogo y alcanzar propuestas en aras de fortalecer las políticas de intervención del Estado.
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